El PSOE ha hecho todo lo posible para abordar la crisis de la vivienda en España. El Grupo Parlamentario Socialista presentó este jueves al Congreso de los Diputados un amplio proyecto de ley para descongestionar el mercado inmobiliario, con medidas destinadas a limitar los pisos turísticos y frenar la compra de viviendas. extranjeros no residentes Garantizar la sostenibilidad del parque de vivienda pública e incentivar la reducción de los precios del alquiler. Las propuestas destacan por su carácter fiscal, así como por los cambios regulatorios que buscan ampliar el parque de vivienda disponible.

La iniciativa se presentó inesperadamente tras una reunión entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, junto con otros representantes del grupo. Completa el paquete anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El conjunto de medidas... Sigue la filosofía del preludio esbozado por el Primer Ministro hace casi seis meses. , pero entra en mucho más detalle. «Hay demasiado Airbnb y no suficientes viviendas», resumió entonces el Primer Ministro.

La propuesta, pese a su ambición, llega en un contexto parlamentario complicado para el Ejecutivo, que gobierna en minoría y requiere del apoyo de socios con posiciones a menudo contrapuestas para sacar adelante cualquier iniciativa. La fragmentación del Congreso Y las tensiones con algunos de sus aliados habituales hacen que el proceso aún esté lejos de recibir luz verde. A pesar de ello, el grupo socialista ha pisado el acelerador: registró la propuesta este jueves porque esta semana vence el plazo para que las iniciativas lleguen al pleno final antes del parón estival.

El plan busca consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada y previniendo la especulación. No en vano, el documento detalla que «nos enfrentamos a uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad actual». El paquete se estructura en torno a tres ejes: construir más viviendas para abordar la escasez de viviendas , que se estima que alcanzarán entre 400,000 y 450,000 viviendas; mejorar la normativa para limitar un "mercado salvaje"; y aumentar las ayudas a los grupos más vulnerables.

Entre las medidas propuestas se encuentran la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como una actividad económica adicional, y la creación de un nuevo impuesto estatal complementario a la adquisición de vivienda por ciudadanos no pertenecientes a la UE y extranjeros no residentes Para prevenir, o al menos dificultar, las adquisiciones especulativas. El impuesto, según la propuesta, duplicará el precio de la transacción, aunque presenta algunas lagunas. Por ejemplo, no afectará a empresarios ni profesionales en el ejercicio de su actividad económica.

Para garantizar la sostenibilidad del parque público de vivienda, se propone regular la cesión de suelo y Patrimonio del Estado al SEPES, y modificar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas de titularidad pública.

Paralelamente, el PSOE ha presentado una especie de prórroga a la ley de vivienda para extender las bonificaciones en las rentas netas del alquiler. en el tramo estatal del impuesto sobre la renta personal a zonas que no han sido declaradas como estresadas Esta medida corresponde a los gobiernos regionales y solo se ha llevado a cabo hasta la fecha en Cataluña. De esta forma, todos los arrendadores en España podrían reducir sus alquileres para cumplir con el índice oficial de precios y aplicar los beneficios fiscales contemplados, incluso si la comunidad autónoma de residencia decide no aplicar la ley.

Por ejemplo, si se actualiza un contrato y la nueva renta es inferior a los umbrales establecidos por el Ministerio de Vivienda (límites aún no definidos, pero que podrían ser los del índice oficial de precios), la renta del alquiler se reducirá un 100 % en el IRPF. Por otro lado, si el precio se reduce un 5 % con respecto al contrato anterior, el inquilino es menor de 35 años y la vivienda se encuentra en una zona con alta tensión, la reducción será del 95 %. Si la vivienda no se encuentra en una zona con alta tensión, pero el inquilino es joven, la reducción será de hasta el 85 %.

El PSOE también propone endurecer la tributación de las Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que tributarán entre el 15% y el 25%, salvo que las viviendas se destinen a alquileres asequibles. También propone aumentar el tipo impositivo para las viviendas vacías, con el objetivo de incentivar su entrada en el mercado del alquiler.

La gama de medidas socialistas también incluye una Sanción fiscal para quienes mantengan viviendas vacías , especialmente a quienes poseen importantes activos inmobiliarios, lo que les incentiva a alquilarlos. Al imputar las rentas inmobiliarias al IRPF, la propuesta sustituye el tipo fijo actual por una escala progresiva basada en el valor catastral del inmueble: del 1.1 % para valores de hasta 100,000 € al 3 % para los que superan el millón de €.

En el ámbito fiscal, también se propone una modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ampliar las deducciones fiscales por proyectos de rehabilitación energética hasta 2025. También se sugiere una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para fomentar la colaboración público-privada en la construcción de viviendas y abordar el déficit de vivienda, así como una actualización de las tablas de revalorización del suelo urbano.

El contexto para presentar esta serie de propuestas no podría haber sido más propicio, ni más urgente. En los últimos meses, la presión social en torno a la vivienda ha ido en aumento. Los precios del alquiler siguen subiendo en muchas ciudades, especialmente en capitales como Madrid, Barcelona, ​​Palma de Mallorca y Málaga, donde el peso del turismo y la escasez de oferta disponible están asfixiando a la población inquilina. La compraventa, con un aumento sostenido de las transacciones, se ha encarecido, y el metro cuadrado es más caro que nunca. Y los apartamentos turísticos, legales o no, se han convertido en un tema predominante en el debate político y público.

Desde la izquierda del gobierno, los socios habituales —ERC, Bildu y Podemos— han intensificado sus exigencias para que el ejecutivo actúe con mayor decisión. Dentro de la propia coalición, Sumar también redobla la presión sobre el PSOE. Los partidos exigen, entre otras cosas, topes más agresivos en los precios de los alquileres y la prohibición de los apartamentos turísticos. en áreas estresadas , e incluso la eliminación de beneficios fiscales para los propietarios de inmuebles.